«El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado este martes las zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital de España»
Probablemente esta sea la noticia del día, si bien con escasa repercusión mediática tal como corresponde a la nueva religión de la “calentología”, impuesta a la población europea sin más bases que la supuesta salvación del planeta Tierra, amenazado por la especie humana, pero sin ninguna base de carácter científico e incluso con dogmas acientíficos de carácter político, tal como ha venido ocurriendo en el transcurso de los años.
Para ello las tecnologías han sido muy útiles en cuanto permiten jugar a extrapolar datos más o menos fiables, con unas posibles previsiones de futuro que luego se han constatado falsas y llenas de errores. Así podemos recordar las teorías “malthusianas” en cuanto al crecimiento de la población imposible de alimentar ya en su época y que el propio Malthus reconocía después equivocadas. El Club de Roma y el M.I.T a mediados del siglo pasado, planteaban los límites del crecimiento por falta de alimentos para la población en la década de los 80, lo que aparecía de nuevo en un artículo de la revista “Science” del año 1960, anunciando el fin del mundo “por un colapso de la población mundial” para el día 13 de noviembre de 2026 exactamente, coincidiendo con los augurios del presidente del Foro de Davos afirmando el porcentaje de población que sobra en el planeta, más los constantes anuncios de inundaciones costeras y continentales con fecha fija, deshielo del Artico, olas de calor, sequías y, ahora, el fin del mundo dentro de dos años. Prepare el pues el equipaje.
Los gobernantes y las instituciones tienen la enorme responsabilidad de no avalar predicciones de los llamados “expertos” sin que haya existido un debate imparcial y objetivo en el mundo de la Ciencia institucional (esto es, la que no depende en sus opiniones de intereses particulares). En nuestro país existen las Reales Academias como “órganos de consulta del Estado”, o los órganos científicos (como el CSIC) que deben actuar con la ética y honestidad que les corresponde en cada materia. En todo caso la Ciencia es un debate permanente a la busca de la verdad. Una verdad cada vez más compleja donde las muchas incertidumbres deben dar paso a la cautela y la prudencia en la actuación pública.
Una actuación pública que ha supuesto más de trescientos millones de euros en unos 1.600.000 de euros en multas (sólo en el Ayuntamiento de Madrid). Si a esto añadimos toda la parafernalia de propaganda, de recursos en personal, instalaciones y maquinaria (todos con el logo “360”) de señalización (ahora obsoleta y nula), los madrileños (y el resto de los ciudadanos afectados por esta sentencia en diferentes lugares de España), nos daremos cuenta de porqué la deuda pública crece, porqué debemos requerir ayuda de fondos europeos, porqué la moderna acción pública no ha eliminado la pobreza ni las colas del hambre o los “vivacs” callejeros de cajas de cartón para resguardarse de la intemperie en cualquier rincón. ¿Quién resarce ahora a las arcas públicas de un despilfarro semejante?
En su día las intervenciones generales del Estado hacían un control del gasto público antes de que se produjese. La legislación sobre régimen jurídico de las AA.PP. establecía que los daños o perjuicios al Estado causados en el ejercicio de la función pública, debían ser exigidos a quienes los habían producido… Y así durante muchos años el dinero público estaba bajo un cierto control de las instituciones. Hasta que llegó el célebre: “el dinero público no es de nadie” del mundo del socialismo primigenio y el despilfarro ideológico y la compra de votos se llevó por delante la austeridad exigida a las AA.PP. Más tarde serían las directivas de la UE las que marcarían las “hojas de ruta” de los gobiernos y las naciones.
La fiesta de gasto público es muy poliédrica y a ella se unieron todos los que podían convertir en realidad cualquier capricho o sueño personal. Los presupuestos públicos aumentaron y, como es lógico, también los impuestos a los contribuyentes más vulnerables, pillados entre ordenanzas y multas, hasta distorsionar el lenguaje. Una denuncia institucional y por lo tanto parcial, ya no se sujetaba al procedimiento administrativo imparcial, sino que gozaba del privilegio de su certeza.
Los vehículos de combustión, sobre todo, fueron la cabeza de turco para la producción de ingresos añadidos a los impuestos, las tasas por cualquier cosa y en gran medida en el combustible, tuvieron de pronto un aliado fundamental: el uso de vehículos de combustión era nocivo para el medio ambiente a pesar de:
1º.- Negar el derecho a la movilidad de los ciudadanos sin perjuicio del cobro de un impuesto sobre circulación y exigir revisiones periódicas de los vehículos (impuestos dobles) donde el “gas” malo por excelencia era el CO2 que, mire usted por donde, es el alimento de las plantas y de la producción de oxígeno para la vida.
2º.- Imponer la fabricación y uso de vehículos eléctricos, cuya operatividad es cuestionable, su disponibilidad es reducida (entre otras cosas por su alto coste), la carencia de puntos de carga de baterías, así como sus riesgos de contaminación mayores que la combustión y de incendio (contaminación más grave por gases), que obligaron -al parecer- a muchos “parkings” a prohibir el estacionamiento de estos vehículos, unido al no previsto reciclaje de baterías de mayor contaminación para el medio ambiente y las personas.
Mientras tanto, las ciudades se han llenado de artefactos variopintos sobre ruedas, cuyos usuarios no encontraban ninguna dificultad para acceder a su uso (en formas ajenas a la normativa de tráfico muchas veces) que luego eran abandonados en las calles, obligando a costear un servicio extra de recogida y reparación. Otro nuevo coste en impuestos para los ciudadanos.
La sentencia del TSJM no ha producido -como sería lógico- establecer como medida cautelar temporal, la suspensión sancionadora municipal, a la espera de que se produzca una sentencia en firme por el Tribunal Supremo, al presumir la presentación de un recurso. Mientras tanto penden sobre las cabezas de millones de usuarios de “emisiones controladas” por las ITV, la fecha en que millones de vehículos no podrán circular, con el consiguiente daño para sus propietarios y usuarios.
Y es que, el poder de quien establece normas por muy arbitrarias o sin sentido que sean, ha cruzado hace tiempo las garantías constitucionales.
