«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»
artº 1.1. C.E.
Pues bien, desde hace tiempo esta idea viene circulando en las mentes de “la soberanía nacional que reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (artº1.2. C.E.), tras los escándalos de corrupción política, de ineficacia administrativa, de inseguridad jurídica, de conculcación de derechos y de ordenamiento caótico basado en intereses particulares, que nos hace preguntar si habría que repensar un estado basado en una constitución muy mejorable tanto en sus aspectos jurídicos como técnicos, con la que nos hemos embarcado hacia una democracia real que nadie sabe donde está.
O creíamos embarcarnos en la esperanza de un viaje colectivo que, en realidad, otros habían diseñado desde sus propios intereses. De ahí que el Estado plural se convierta ya desde el principio en un estado con un pensamiento político predeterminado: la socialdemocracia. Una contradicción con el reconocimiento de un “pluralismo político” y una “soberanía de la que emanan los poderes del Estado”.
Un poco más adelante “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española… y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (artº 2 C.E.). Otra nueva contradicción jurídica y conceptual, pues coloca a España como “nación” al mismo tiempo que reconoce y garantiza derechos de autonomía a “nacionalidades y regiones”. Llegados aquí debemos preguntarnos por la intencionalidad de los “padres constituyentes”, para colar esta redacción en el texto constitucional, que se convertiría en caldo de cultivo para la fragmentación de la nación Española con el diseño autonómico del Estado. En este sentido no es lo mismo una delegación de gestión, que una entrega de titularidad de competencias por intereses políticos. Se abre el mercado… ¿quién da más?
“El castellano (debía decir “español”) es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” (arº 3.1. C.E.). Tras la aprobación de los respectivos estatutos de autonomía, se ha consolidado su práctica eliminación autonómica instaurando otras lenguas como motivo de división de “la indisoluble unidad de la Nación Española”. Y no pasa nada.
Si a todo ello unimos el coste real y desigual (de nuevo el artº 1. C.E.) de las autonomías y la gestión de sus servicios competenciales, encontraremos que el primitivo “coste 0” del exclusivo traspaso de gestión, se justificaba con la total transferencia de los órganos provinciales de los diferentes ministerios existentes, así como de sus recursos humanos y presupuestos, incluyendo las diputaciones provinciales. Todo ello más que suficiente para “acercar la gestión a los ciudadanos”. En lugar de eso las autonomías se erigen hoy como estados adheridos entre sí presupuestariamente desde el Estado, pero con sus órganos legislativos que las convierten en independientes en cuanto a su funcionamiento. Nueva vulneración del principio de “igualdad” constitucional y agravios comparativos territoriales, ajenos a los problemas de índole nacional.
Podemos seguir con el sistema electoral -discriminatorio e inconstitucional- con la diferencia de valor del voto según circunscripción, la representación política partidaria (no de la soberanía nacional), las listas cerradas, la sujeción a las disciplinas partidarias y el inconstitucional mandato imperativo (artº 67.2 C.E) del partido sobre los diputados y su inviolabilidad (artº 71.1. C.E.) en la función encomendada. Todo ello mientras se mantienen los “cordones sanitarios” hacia el pluralismo político. De hecho, quien hace las leyes es el gobierno a pesar de que: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado” (artº 66.2. C.E.) y éstas quedan al albur de las componendas de apoyo que se necesite para mantenerse en el poder. A la soberanía nacional (que por lo menos comprendería el censo electoral) ni está ni se la espera en un sistema donde “todo está atado y bien atado” por quienes lo diseñaron e impusieron, por lo que queda en entredicho el artº 66.1 de la Constitución: “Las Cortes Generales representan al pueblo español…”
“Que no, que no, que no nos representan…” se gritaba en aquel mítico (por varias razones) 15-M ya hace unos cuantos años. En estos momentos las grietas en el edificio del Estado constituido son de tal envergadura, que sólo aquéllos que viven del Estado (no para el Estado) de forma más o menos indirecta, se encuentran a gusto con la metástasis grave que sufre en todas sus instituciones o poderes delegados por la soberanía nacional. Y por eso el pueblo se pregunta en qué se ha equivocado al dejar esa soberanía en manos de quienes por incompetencia, comodidad o intereses personales no están dando pruebas suficientes para confiar en ellos. Por eso quieren empezar a sentirse soberanos y asumir sus responsabilidades, pero no se atreven.
Es difícil repensar un Estado en el que la soberanía no tuvo (ni tiene) arte ni parte. Tampoco su representación política que estaba recién parida en forma discriminatoria para hacer posible un cambio “de la ley a la ley” en el régimen político. Pocos, muy pocos, se leyeron -y menos aún comprendieron- el texto constitucional con sus numerosos errores y contradicciones, quedándose sólo con la idea de la reconciliación nacional (que ya existía desde hacía décadas en el contexto social). Pasamos de un régimen autoritario social cristiano a un sistema de partidos recién estrenados con predominio de la socialdemocracia (casi todas las ideologías diferentes fueron desapareciendo y con ellas el supuesto pluralismo político).
Incluso el socialismo auténtico donde había principios dejaba de existir en Suresnes (1974) dejando paso al pragmatismo del poder impulsado desde EE.UU. En la misma forma se hizo volar el intento de un centro transversal (UCD) que pilotó la Transición, quitando de en medio a su protagonista. Y siempre con la “orientación” correspondiente, llegó el bipartidismo que recordaba el “turnismo” republicano. Tanto las fichas blancas como las negras del tablero, estaban (y están) en las mismas manos.
El Estado Español cada vez era menos estado soberano al incorporarse al proyecto europeo, últimamente transmutado en proyecto ideológico. Y también es más caro de mantener, al haberse creado una burocracia adicional que mantener, mientras se nos prohíbe o se nos imponen cosas ajenas a nuestros intereses que destruyen y corroen al propio estado y a la nación que creyó constituirlo.
Hay mucho que repensar sobre lo que queremos ser “de mayores” y eso da pereza.
