Una cosa lleva a la otra. Cuando un sistema político y administrativo se basa en una sobrerregulación de su ordenamiento o en éste se cuelan asuntos que no presentan interés general, sino que responden a caprichos o arbitrariedades particulares, estamos ante un sistema fallido, confuso, incierto y falto de la confianza necesaria para quienes pretenden que el Estado cumpla su papel de facilitar las actividades de los ciudadanos, en lugar de crearles trabas para la misma.
En la reciente cumbre de París sobre Inteligencia Artificial, el vicepresidente de EE.UU. colocó a la UE ante el desagradable espejo de su “sovietización” progresiva en cuanto al ordenamiento comunitario, sus agendas y sus errores.
Lo que se ha difundido como religión con dogmas irrefutables por parte de las directivas europeas (que, en lugar de estimular paralizan cualquier intento de actividad industrial, empresarial o personal), es ahora un pesado lastre de cara a la competitividad y al desarrollo en un mundo multipolar, obligado a competir para la propia supervivencia.
El problema es haber convertido las ideologías extravagantes de unos cuantos o los intereses particulares de algunos de ellos, en Derecho de obligado cumplimiento en toda Europa con ligeros matices de diferencia, lo que ha llevado al desastre económico y energético en países como Alemania (antes líder europeo), Francia o España empeñados en suicidarse y suicidar a todos los ciudadanos en un “sostener” y no “enmendar” los muchos despropósitos de sus instituciones. Cuando se estimó más importante para el planeta “verde” el proceso de “descarbonización” del continente, Europa estaba dirigida desde las propias instituciones a la destrucción de su comunidad humana, sirviendo los intereses de unos cuantos. Cuando las directivas comunitarias surgidas de las instituciones huelen a propósitos espurios, la reputación de la Comisión, del Parlamento y aún del propio Consejo, se viene abajo.
La primera reacción de la presidenta de Comisión (verdadero gobierno de Europa), fue apretar más en el ordenamiento y regulación, hasta que la evidencia de sus resultados, han hecho que en varias ocasiones “donde dije digo, digo Diego”, la más clara evidencia de no saber por dónde tirar, de la desnortación política, económica y social de una institución que dirige la política europea que, lejos de facilitar la vida de los europeos, la ha convertido en un calvario por la falta de confianza de los países-miembros soberanos, en la UE tal como está pervertida en contra de los objetivos de los tratados.
Todo ello ha permitido la aparición de “cesarismos” autocráticos de los poderes ejecutivos que, siguiendo el consejo de Truman (“si no los convences, confúndelos”) o del manual del totalitario (“crear el caos” para someter), han venido corrompiendo y colonizando instituciones públicas y privadas, buscando sólo el beneficio personal, muy evidente en bastantes casos. A la política se va a servir, no a ser servido (pero eso era antes, cuando la Política de verdad era una vocación de servicio que ahora parece ser excepcional).
Ocurre además que en general los estados-miembros de la UE tienen sus propias normas o cartas magnas constitucionales como base de sus respectivos ordenamientos que, dicho sea de paso, están calificadas de “liberales” en cuanto a los derechos y libertades que se garantizan a los ciudadanos y que, cualquier directiva comunitaria, se llevará por delante. El caos jurídico en un Estado de Derecho es, como apuntábamos, la forma más directa de destruir sociedades y naciones y a eso se ha dedicado la UE a través de sus instituciones, poniendo más énfasis en cuestiones falsas y acientíficas de carácter religioso y dogmático que consideran el “escudo de la democracia”, cuando la democracia real voló hace tiempo y se transformó en sometimiento de los soberanos.
Sirva de ejemplo el enorme daño (directo o indirecto) que, a la convivencia social y a la riqueza de las naciones, están produciendo las medidas políticas institucionales en todos los ámbitos, con la falacia de la descarbonización o lucha contra el CO2, donde los acuerdos y normas municipales parecen haber establecido unas áreas donde los gases atmosféricos no son afectados por el clima, las precipitaciones o el simple viento, obligando a los ciudadanos a no poder moverse en las mismas. O, lo que es lo mismo, a adquirir otros vehículos que, ya se sabe, tienen más problemas de contaminación ambiental (radiológica) o residual. Estas medidas atentan directamente contra los derechos a la propiedad privada, a la movilidad y a la libre discrecionalidad patrimonial, además de aplicarse indebidamente tasas, sanciones (permiso de circulación, ITV, procedimientos administrativos impropios, etc.) y coerciones como la “rebaja” si no se utiliza el procedimiento legítimo de recurso.
Como ejemplo de instituciones democráticas fallidas, de inseguridad jurídica de los ciudadanos y de servicio a intereses particulares, vamos conociendo en un lento goteo, caso tras caso, el sistema clientelar de apoyo a los gobiernos, que en realidad es una especie de subasta del voto electoral donde, quien se ha arrogado el poder de libre disposición de presupuestos y patrimonio del Estado, se puede permitir transaccionar con los mismos con toda impunidad, establecer normas inconstitucionales sin consecuencias, erigirse como único poder del que dependen los demás y, además, en su momento tener una salida “digna”.
Todo ello es conocido por la nueva presidencia de EE.UU. y todo ello revela la inoperancia institucional europea (salvo algunos países), donde está empezando a alzarse la soberanía (de la que emanan los poderes del Estado), para decir como Ortega en el parlamento de la II República: “no es esto, no es esto…» Por ello, el Sr. Trump, como en su día lo hizo el presidente argentino, o el presidente de Hungría, o la presidenta de Italia junto a partidos políticos racionales y sensatos en toda Europa, ha sido (y está siendo) un revulsivo de esperanza en el sentido común de una gran parte de quienes aún creen en valores y principios de cohesión (no de disgregación) social.
