“El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo… Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales… cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y más de quince años de ejercicio…” (artº 122. 2 y 3 de la C.E.).
Parece que el constituyente pretende con este artículo establecer una mayoría de miembros del CGPJ de carácter profesional (12) frente a una minoría (8) procedente de ambas cámaras, evitando -como es lógico- cualquier pretensión de predominio político del legislativo o ejecutivo sobre el judicial. Es por tanto un órgano colegiado de gestión del Poder Judicial.
Ayer mismo, según se publicó ampliamente, el bipartidismo permanente ha vuelto a hacer de las suyas con la renovación del mismo donde, los dos partidos políticos PP/PSOE que ya no se molestan siquiera en mantener apariencias ideológicas diferentes (ambos saben a quién obedecen y porqué), han llegado a un acuerdo para la renovación de los veinte miembros que lo componen. La docena de miembros “entre jueces y magistrados” también parece que dependerá de los partidos y la independencia pretendida judicial queda totalmente colonizada por la política.
En diversas ocasiones ya nos hemos referido a esa fantasía onírica y surrealista de la existencia de “derechas” e “izquierdas” a las que se aferran los que tratan de no enterarse de cómo han estado y siguen estando las cosas desde la 2ª G.M. y quienes tutelaron y monitorizaron la reconstrucción europea, arrogándose también marcar la línea ideológica más conveniente para ellos: la socialdemocracia como pensamiento único, instalada ya en el artº 1º.1 de la Constitución y contradiciendo el pretendido pluralismo político del mismo artículo como uno de los “valores” propugnados por el constituyente.
Tanto PP como el PSOE vienen demostrando su similar identidad de “centro”, tratando de plagiar a la extinta UCD que sabemos porqué acabó: por la negativa o resistencia de su presidente a la inclusión de España en la OTAN, de acuerdo con los intereses americanos. No insistiremos en lo ya dicho sobre el cambio de régimen y sus consecuencias, ni en la pérdida de soberanía que experimentaron gran parte de los países europeos, con la excusa de la defensa y seguridad de occidente.
Nuevos tiempos fueron conformando la actual UE como órgano correa de transmisión de los intereses transatlánticos en Europa, hasta el punto de crear una total dependencia colonial. Una cosa que habría sido complicada cuando en los países europeos existían estadistas de verdad, cuya figura más destacada fue el general De Gaulle en Francia, que resistieron presiones al sometimiento externo. Hoy, el Parlamento Europeo sigue con el sistema de representación partidaria, ajeno a los intereses de una buena parte de Europa.
En ese marco -según las noticias- el PP y el PSOE muestran sus verdaderas intenciones e identidades, al igual que lo hacen sin ningún escrúpulo en el mundo parlamentario. Ambas formaciones se plantean una especie de “turno” que se establece fuera de España para defender las mismas causas. Cada cual debe adaptarse a intereses superiores impuestos a través de la UE y sus órganos. Ahora toca destruir de nuevo sociedades y economías, más tarde ya se verá lo que se hace y qué propugnan las “agendas” globales.
Todo lo ocurrido alrededor de la renovación del CGPJ entre ambos partidos se parece más a un espectáculo de entretenimiento del personal, que a una necesidad real institucional, solo existente como maniobra política conjunta.
Ya hemos visto que, el tan cacareado cumplimiento del mandato constitucional, ha quedado modificado desde el acuerdo anunciado, si se ha hecho caso omiso de la representación de doce miembros por parte del mundo profesional. Unos miembros cuyas candidaturas independientes deberían haber sido conocidas por esa “soberanía” que “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (artº 1.2. C.E.). La tan cacareada transparencia institucional también sale mal parada pero, sobre todo, los pilares de la democracia se han derrumbado.
El problema de las “democracias representativas” es que los poderes del Estado son secuestrados por los partidos políticos (al fin y al cabo colectivos particulares con intereses de poder) que se han atribuido en una interpretación muy peculiar del pluralismo, la representación de toda la soberanía nacional (o, al menos, de todo el censo electoral). El artº 6 de la C.E. no les concede la exclusividad de tal representación legítima del ciudadano, sino que ésta se supedita al artº 23.1 de la C.E.: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente…”
Pues bien, una buena parte de los ciudadanos (cada vez en porcentajes mayores), no están de acuerdo con que los partidos (representantes teóricos del pluralismo político), parezcan dedicarse a otros intereses diferentes a los que de verdad importan a la gente, escamoteando temas y asuntos importantes a las Cortes Generales, sede de la soberanía, tanto en asuntos de la nación, como los correspondientes a la propia UE y sus tratados o los surgidos de la propia ONU y sus agencias, en relación con temas que no son de su competencia.
La desafección política parece buscada expresamente en ese nuevo orden mundial surgido del caos y de la incertidumbre, donde la confusión y la mentira están al orden del día en el plano ideológico, social y económico. Todo ello arropado por un “buenismo” artificial, acientífico y dogmático que se resume en una sola frase: “no tener nada para ser felices”. Ser mendigos sometidos a la liberalidad de las elites, en lugar de ser personas libres sometidas a su propio albedrío.
Foto: Comisión Europea / Europa Press
