“Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”
Artº 27.1.- Constitución Española.
Otro artículo más de nuestra Constitución repleto de contradicciones en los diez apartados de su desarrollo, sin contar con otras colisiones del ordenamiento constitucional. Lo que es un derecho fundamental y como tal sin ningún posible retorcimiento en su interpretación, vuelve a ser motivo de choques políticos y judiciales.
El recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo para eliminar el adoctrinamiento ideológico y la falsa formación en el ámbito educativo de Bachillerato, ha provocado sorpresa en el gobierno y en parte de esa comunidad educativa y hasta sindical, que funcionan como correas de transmisión política previamente engrasadas.
Y es que el campo en que se dirime la parte más importante de la batalla cultural de la supuesta izquierda al servicio del capitalismo, es el mundo educativo en el que es posible sembrar semillas ideológicas impostadas sin el menor de los escrúpulos. Para los padres ya está la televisión, para los hijos la Educación. Eso ya lo sabían los llamados “padres” de la Constitución cuando en los artículos 148 y 149 del texto constitucional se establecen las competencias que “podrán asumir” las Comunidades Autónomas y las que son competencia exclusiva del Estado respectivamente. En el primer caso se obvia la educación y en el segundo se relaciona directamente con el artº 27.
Partiendo de esta premisa constitucional todas las comunidades autónomas sin excepción deberían ajustar sus sistemas educativos a la misma línea normativa que el Estado estableciera, lo que no crearía discriminación, respetaría la igualdad ante la ley (artº 14) y se ajustaría a los “valores superiores” del ordenamiento jurídico de la nación (artº 1º). Lejos de ello, los gobiernos pastelearon a su conveniencia partidaria o particular, dejando la Educación al servicio de intereses de todo tipo.
De esta forma se llegó a la práctica desaparición del idioma educativo oficial del Estado en unas comunidades autónomas, sin que el Estado hiciera uso de su potestad establecida en el artº 27.8: “Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para el cumplimiento de las leyes”.Es obvio que, si se dificulta la comunicación en el mundo educativo, difícilmente van a obtenerse resultados formativos adecuados. Esto abrió la puerta para que otras buscasen antecedentes lingüísticos para reafirmar identidades territoriales, que inevitablemente creaban enfrentamiento social. Esto ha sido aplicable por las dos fuerzas políticas del bipartidismo (PP y PSOE) responsables de la destrucción de la lengua común y de su sustitución por las llamadas “lenguas cooficiales”.
De nuevo en Cataluña la representación política del Estado, vuelve a rebelarse implantando como lengua oficial el catalán y de nuevo siguen sin darse reacciones institucionales a este flagrante atentado del artº 3.1 de la C.E., por no hablar de la aplicación del artº 155 de la misma. Por el contrario se reacciona de inmediato y se recurre el ajuste lógico de la Comunidad de Madrid a las materias formativas neutrales basadas en el conocimiento científico y en las leyes más elementales de la Naturaleza en lugar de torticeras y falsas teorías ideológicas. Esto ha escocido en el ámbito del propio PP (inexistente como oposición) y en la soberbia gubernamental erigida como Estado con un solo jefe:“ El que manda es Sánchez, los demás somos monaguillos”, según el presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y parece que tiene razón.
El mundo de la Educación es (o era) tan respetable porque constituía la base sobre la que se sustentaba la construcción y el desarrollo personal (artº 27.2), desde “una programación general de la enseñanza” (artº 27.5) para todo el Estado. Nos educamos para crecer como seres humanos en valores, principios y materias que sirvan para colaborar en la sociedad como verdaderos ciudadanos soberanos. Si se pervierten o prostituyen tales objetivos tendremos sociedades inanes, sin otros criterios o principios que los impuestos en forma totalitaria o coactiva.
Pero no podemos achacar la destrucción intelectual de la sociedad al Sr. Sánchez, sino remontarnos unos cuantos años a sus antecesores que comenzaron a hacer concesiones competenciales a cambio de apoyos en el Parlamento. Es muy fácil disponer de lo que no es propio (sino de la soberanía nacional), para obtener el poder. En este sentido hemos tenido administradores poco escrupulosos al hacer entrega de esa soberanía que no les pertenecía en un sistema de mandato imperativo (artº 67.2) inconstitucional) sobre sus grupos respectivos.
Más aún, en base a la absurda teoría de que la Cultura debe asimilarse a la sociedad de cada momento, se olvida que la construcción social y cultural puede estar orientada y viciada por intereses determinados, tal como se ha venido mostrando desde la llamada “Escuela de Frankfurt” a través sobre todo de la gran influencia de los medios de comunicación. Es necesario de nuevo recordar la frase de uno de sus representantes más conocidos: “la televisión es un medio de condicionamiento y control psicológico, como nunca se había soñado” (Theodor Adorno), con el precedente “la manipulación consciente e inteligente de las masas es el mecanismo oculto que constituye el gobierno invisible, el que detenta el verdadero poder” (Edward Bernays). ¿Qué mejor forma de manipulación interesada que la Educación?
La llamada “batalla cultural” no es un invento “conspiranoico”, (tal como se la pretende descalificar por quienes tienen el verdadero poder: el de la Educación), sino un hecho real, constatable, proclamado y difundido a lo largo y ancho del mundo occidental desde hace decenas de años. En ella las fuerzas son muy asimétricas. Las de la razón están en clara desventaja ante el aparato de poder que, cual maquina que no descansa, usa sin escrúpulos las teorías distópicas y falsas de las nuevas religiones ideológicas.
FOTO: Philippe Bout
