Los llegados a los 70 años venimos padeciendo a una serie de personajes en el ámbito del derecho, que no han dejado de influir en la sociedad española, entonces para denostar la dictadura franquista y establecer un régimen democrático y ahora en una dialéctica de contrarios para terminar con la democracia reconciliadora de la Transición imponiendo un régimen populista previo a la dictadura, justificada en las urnas, simplemente por la diferencia de un voto más de la “mayoría social” sobre la “minoría conservadora”.
Estos personajes de la vida social y política española se constituyen en los salvadores patrios y certificadores de los buenos comportamientos políticos y sociales. Son los nuevos déspotas ilustrados de todo para el pueblo, pero sin el pueblo y sin nadie más que les lleve la contraria.
También podrían ser los inquisidores renovados con el monopolio del adoctrinamiento de las masas en una síntesis de paternalismo —por ser los llamados a la educación de las masas no ilustradas—, y de supremacismo intelectual sobre el resto de los ciudadanos. Por razones inexplicables la ciudadanía y la sociedad les entrega, de grado o por fuerza, nuestra soberanía (la libertad individual) y la soberanía nacional para ser ellos, quienes lucrándose de una posición de dominio, determinen el futuro de España atendiendo sólo a sus intereses personales de poder y dinero.
El ámbito legal y judicial es particularmente sensible a la influencia de estos personajes quienes, beneficiándose de su posición en las estructuras judiciales y constitucional, usan las sentencias que dictan de modo alternativo al poder legislativo. Gustan de crear a través de casos concretos un derecho diferente a la ley promulgada, en vez de aplicarla e interpretarla en quebranto de los principios de igualdad y de seguridad jurídica y en menosprecio doctrinal e institucional del resto de operadores jurídicos. Por otra parte, estos juristas alternativos están justificando la concentración de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, mediante el control de las instituciones más importantes, asignando el poder al Presidente del Gobierno.
Con todo respeto —que no lo merecen— para estas personas y sin ser exhaustivo, estos padres y madres de la patria, cuya lista nominativa podríamos construir sin ninguna dificultad, provienen generalmente de residuos franquistas, comunistas transformados en izquierda renovadora populista y en neosocialistas. Sus destinos se encuentran, entre otras instituciones, precisamente en aquellas que han sido objeto de una ocupación impúdica, en los Juzgados y Tribunales, incluido el Constitucional, la Fiscalía y en los turnos especiales de acceso a la justicia, nutridos de aspirantes provenientes de los Sindicatos e incluso de la política judicial de determinados partidos políticos, que decidieron como objetivo a largo plazo, que algunos de sus militantes se deberían integrar en el poder judicial a través de su participación en las oposiciones oportunas.
Esta corriente, utilizando las redes sociales interesadas y los altavoces mediáticos, justifica el uso alternativo del derecho —hoy eufemísticamente creación imaginativa del derecho o constructivismo jurídico— con preterición suprema no sólo del resto de los ciudadanos sino también de los operadores jurídicos, singularmente Jueces, Abogados en ejercicio, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados del Estado, Inspectores tributarios y de Trabajo, Organismos de mediación y arbitraje, así como de la doctrina emanada de determinadas Cátedras Universitarias.
Estas minorías se imponen con notable eficiencia a todos aquellos representantes de los ciudadanos, jueces y demás operadores jurídicos mayoritarios que, por su prudencia, discreción y deseo de paz social y cívica esperan, tan confiada como ingenuamente, que aquéllos cesen en su contumacia. La tolerancia social con estos déspotas y totalitarios, “mutatis mutandis”, lleva inexorablemente a la pérdida de las libertades ciudadanas, al establecimiento de un Estado totalitario y a la confrontación civil, al dejar de ser independiente la justicia y plegarse ésta al poder.
Así o de modo parecido es como llegaron al poder Hitler en Alemania, cabalgando toda clase de contradicciones desde el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el fascista Mussolini en Italia antiguo miembro del Partido Socialista Italiano y el justicialista Perón en Argentina.
Ingo Müller resulta de obligada cita por su libro sobre “LOS JURISTAS DEL HORROR”, que relata el proceso de descomposición de la justicia alemana y el horror causado cuando la justicia deja de ser independiente y se hace política1.
Frente a esos juristas alternativos o constructivistas, representados lamentable e inusualmente en el propio Gobierno por tres Ministros, toda una pléyade de Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, Letrados de la Administración, Cuerpos especiales de la Inspección de Trabajo, de Tributos, Asociaciones Policiales y de Guardia Civil, etc. se han levantado contra el proyecto de Ley sobre la Amnistía, no sólo por ésta en sí, sino por todo cuanto lleva aparejado desde la exposición de motivos.
Hay que alentarles a todos ellos para que mantengan su firmeza, defiendan su independencia del poder político y contribuyan al mantenimiento de la paz social. La reacción producida en el ámbito judicial es encomiable y son el último reducto para evitar la acumulación del poder, estadio previo a la dictadura, para que la historia no pueda hablar de los juristas del horror como responsables de consecuencias sociales indeseables.
Jueces naturales e independientes no estáis solos, una importante parte de la sociedad civil os apoya, os acompaña y se honra de vuestra libertad e independencia para juzgar y ejecutar lo juzgado conforme a la ley, al interés general y al bien común, garantizando con ello la igualdad de todos los españoles.
- “Los Juristas del Horror”. La “justicia” de Hitler, El pasado que Alemania no puede dejar atrás. Traducción al español por Carlos Armando Figueredo. Editorial Actum. Caracas ↩︎
