Cuando se siguen disparando exponencialmente los datos de desempleo y las gestiones comerciales y públicas se orientan hacia un complejo laberíntico de grabaciones telefónicas que ponen a prueba nuestra paciencia como clientes y ciudadanos, surgen esas voces impostadas que nos advierten: “Todos nuestros agentes están ocupados”.
Naturalmente no podemos saber a qué agentes se refieren, cuantos son y —como en el caso de los expertos del Covid 19— su identificación personal. Sólo queda darle a la tecla de “Aceptar” y, resignadamente seguir marcando una y otra vez el teléfono correspondiente, perdiendo el tiempo y las ganas de obtener algún resultado positivo de nuestra gestión.
Porque de eso se trata, de disuadir a los usuarios de cualquier intento de molestar a los empleados públicos (a pesar de que su número se haya multiplicado por tres) o a los cada vez más escasos empleados privados que, antes, en otros tiempos, tenían claro que el cliente o el ciudadano, eran lo más importante para mantener los servicios de cualquier tipo.
También se trata de liberar de responsabilidad profesional, empresarial o pública a dichos empleados, cargando la misma a los sistemas informáticos y tecnológicos que, al fin y al cabo, son simples máquinas a las que resulta fácil achacar los errores que antes eran “humanos” sin que de los mismos se derive ninguna responsabilidad jurídica hacia el sector corporativo o al sector público.
Lo más curioso de todo ello es cómo los propios empleados han contribuido a la desaparición de sus empleos, algunos incluso aplaudiendo la “modernidad” de gestión que los pondría en la calle. Cómo han sido cómplices más o menos directos de que su trato con clientes haya sido sustituido por esos “agentes” que, al parecer, están siempre ocupados o esas extrañas figuras de supuestos “defensores del cliente” o “atención al cliente” que sólo son cortafuegos para desincentivar todavía más a los usuarios.
En el sector público el crecimiento exagerado de empleados públicos tampoco ha dado lugar —como sería lógico— a una mejora de atención personal al ciudadano. Es más, se han apuntado con la misma alegría que sus colegas del sector privado a la creación de barreras tecnológicas que, lejos de facilitar la gestión, muchas veces se convierten en tareas titánicas que desconocen que una gran parte de la población es ajena a las máquinas y su funcionamiento.
Tenemos de esta forma una sociedad arrastrada a los algoritmos indescifrables (salvo para los profesionales), la cibernética, la robótica y todo ese extraño mundo de cables, conexiones, teclados, pantallas y demás artificios, que se han erigido en verdaderos poderes a los que obedecer de la que quedan excluidos todos aquellos que por no tener los medios, los recursos y la preparación adecuados, quedan discriminados y marginados en el entramado de relaciones sociales, corporativas o administrativas.
Todo el sistema se ha configurado para que todo el mundo se adapte no a la Naturaleza (que sería natural y lógico), sino a unas imposiciones totalitarias de quienes creen ingenuamente que todos los problemas se resuelven con “apps” y la inteligencia artificial (falta de experiencias personales) y quienes siguen confiando en la misma inteligencia natural que, de unas formas u otras, nos ha traído hasta el momento actual y sin la cual no habría artificios (útiles algunos, prescindibles la mayoría).
Pero también se ha configurado para que la brecha entre administradores y administrados en la escala pública o entre consumidores-usuarios y quienes viven de ellos, sea cada vez más ancha. La prueba es que nadie conoce —como sería lógico— quiénes son los responsables directos de gestión pública o privada, quiénes son los que establecen normas caóticas y absurdas para dicha gestión (al amparo de intereses personales muchas veces) porque una gran red de grabaciones extendidas a lo largo y ancho del planeta, se limitan a repetir: “todos nuestros agentes están ocupados, permanezca a la escucha”.
