El requisito más importante de una vacuna es su eficacia contrastada y la inexistencia de efectos adversos. Esto requiere un trabajo previo de ensayos clínicos que garantice sus beneficios y elimine sus posibles efectos negativos. Es una investigación de mucho tiempo que, en algunos casos como el SIDA, aún está sin resolver.
La aparición del virus SARS-CoV-2, como una plaga mundial, en un momento determinado, todavía tiene pendiente determinar su origen real (el natural ya parece estar descartado) en los laboratorios de Virología de Wuhan en China, donde se trabaja con este tipo de virus (entre otros), donde han estado participando países occidentales como Francia (EE.UU. parece que se retiró a la llegada de Trump). Es más, según el informe de las agencias de inteligencia de EE.UU, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia titulado “Five Eyes”, el gobierno de China no facilitó precisamente la investigación sobre lo ocurrido en Wuhan “suprimiendo las pruebas del brote, silenciando a los denunciantes y negando la entrega de muestras de virus a los científicos que trabajan en la elaboración de vacunas (“The Daily Mail” U.K. y “The Saturday Telegraph” N.Z.).
El penoso papel en todo ello de la OMS con informes y comunicados confusos, sin intervenir directamente en la investigación para obligar a China a informar, es otra cuestión que conviene tener en cuenta en su relación con su sistema de financiación.
Mientras tanto, los equipamientos sanitarios, las simples mascarillas e incluso las medidas de confinamiento social, parecían todas ellas ser exclusivas de China y hasta muy tarde no se produjo una iniciativa reactiva del resto de los países para la adopción de respuestas de posible vacunación. De hecho, desde que se conocen los primeros datos y se producen las primeras patentes, parece que transcurrió un tiempo precioso (cuestión ésta que también debería ser investigada: la aparente pasividad mundial ante la pandemia).
En España, la situación es conocida con respecto a la gestión del problema. Una situación agravada por la organización competencial del Estado en sus comunidades autónomas y la utilización política del problema, que ahora se extiende al mundo de los protocolos para las vacunas que debe proporcionar la industria farmacológica occidental (Pfizer, Moderna, Oxford…), fabricadas en algunos casos (AstraZeceneca /Oxford) en el “Serum Institute of India” en la ciudad de Poona, al oeste del estado de Maharastra, que es el mayor fabricante de vacunas del mundo, donde se producen millones de dosis contra el SARS-CoV-2 y donde, hace unos días, se produjo un importante incendio que dejó cinco muertos.
Mientras tanto, sin apenas ruido mediático, nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está desarrollando una de las tres vacunas (la más avanzada por su eficacia del 100% en ratones) y en primavera espera realizar los primeros ensayos con humanos con una “respuesta inmune más amplia y duradera” al usar “una estructura más compleja que el ARN de Pfizer y Moderna y el adenovirus de Oxford” (según Europa Press / El Confidencial). Una vacuna que surge de un equipo de científicos españoles liderados por el virólogo Mariano Esteban y Juan García de Arriaza, para la que necesitan el consiguiente apoyo financiero (no podemos olvidar el desaparecido Instituto Llorente en Madrid, operativo hasta hace unos años, cuyos investigadores podrían aportar mucho en estos proyectos). Es curioso que, mientras se están gastando millones de euros españoles en la financiación de otros proyectos y en dudosas medidas de seguridad, nuestro principal activo investigador carezca de recursos financieros. España sigue con la marca “diferente” (por desgracia).
Como se sabe, una vacuna consiste en la introducción de un patógeno en el organismo humano para reactivar su sistema inmunológico contra infecciones o contagios. Esto supone que la dosis y su aplicación debería tener en cuenta las condiciones sanitarias de cada paciente y sus posibles consecuencias, lo que de entrada invalidaría un sistema genérico de vacunación. Pero, más importante todavía, debe tener en cuenta la identidad y posibles mutaciones que el virus pueda desarrollar (en este caso tenemos ya de origen británico y otras sudafricanas) en el futuro inmediato. Todas las precauciones son pocas a la hora de vacunar a una población de millones de personas.
Por eso resultan un tanto chocantes las prisas por ocupar los primeros puestos en la vacunación que, además, se plantea en dos fases. Ahí nos encontramos con los “protocolos”. Unas instrucciones de origen incierto (se supone que parten de la OMS) y que plantean cuestiones éticas y morales de supuestos privilegios de los vacunados sobre los que esperan en la cola. El caso más sonado en España ha sido el del llamado JEMAD que ha ocasionado su dimisión, junto con otros cargos públicos y particulares que han conseguido el anhelado pinchazo.
Tales protocolos se basan en lo que llaman “población de riesgo”, normalmente identificada con la edad cronológica (que no física o mental) del ciudadano, así como aquellos cuyas condiciones de salud los puedan hacer más vulnerables a contagios o infecciones. Por otra parte se justifica por la responsabilidad social del cargo público, que exigiría no enfermar o, por el contrario, ejemplaridad al prestarse a ser los primeros inoculados sin saber consecuencias posteriores (al parecer, según declaraciones -”OMS ¿en quien confiar?”.- Documentos TV.- 25/8/2020- el propio personal de la OMS o algunos valedores de las vacunas, no se vacunan).
Tampoco ayuda mucho el conocer que los fabricantes o productores de las vacunas han exigido la exención de responsabilidades a los gobiernos ávidos de vacunar a sus ciudadanos (sin cumplir los plazos cautelares previstos en los protocolos habituales). Cualquier problema derivado de consecuencias adversas de las vacunas, repercutiría en demandas millonarias, bien a los diseñadores del producto, bien a los fabricantes, bien a los distribuidores, bien a los manipuladores, bien a las agencias oficiales que lo autorizan, bien al sistema sanitario estatal.
Al final, sólo el sentido común y de responsabilidad individual puede llevar a tomar las decisiones que cada uno considere oportunas. Para ello es necesario contar con una información exhaustiva a los ciudadanos de los posibles “pros” (beneficios reales contrastados) y “contras” (riesgos) que puede tener su vacunación específica. No hay que olvidar que cada persona es un mundo sanitario diferente y el cuidado de su salud le corresponde plenamente. El Estado sólo pone los medios para que cada uno decida libremente.
