Para el ciudadano normal, esta cuestión le parece ajena a su vida y a sus problemas inmediatos, pero no se da cuenta del impacto que tiene para él y su entorno que son quienes van a aportar como “contribuyentes” el dinero para que el Estado financie los diversos servicios públicos.
El sistema tributario se convierte así en la vía de financiación de unas estructuras institucionales, muchas veces llenas de excrecencias no orgánicas de carácter particular, que cuelgan del frondoso árbol de los presupuestos públicos del Estado.
De acuerdo con el artº 31 de la Constitución Española:
1.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2.- El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficacia y economía…
En este precepto constitucional se establecen unos criterios básicos sobre los impuestos que “todos” (no hay excepciones) deben aportar “de acuerdo con su capacidad económica”, exigiendo un “sistema tributario justo”, criterios que deben presidir la Hacienda Pública en la confección de tales presupuestos. Ahora bien, como suele ser habitual en el texto constitucional, tales criterios pueden ser modificados por las leyes correspondientes, en las cuales se cuela la interpretación que los gobiernos a través de sus mayorías parlamentarias hagan de los mismos.
De igual forma se puede interpretar a conveniencia los criterios de “eficacia” y “economía” del gasto público, en el que influye en gran medida su orientación clientelar política. Es en ese gasto convertido en “panal de rica miel” donde se origina el mayor fraude al convertirse de hecho el supuesto apoyo a unas propuestas políticas, en simple compra de voto a la hora de las elecciones.
Formalmente los presupuestos tienen una estructura que se divide en capítulos:
- I.- Personal;
- II.- Gastos corrientes;
- III.- Gastos financieros;
- IV.- Transferencias corrientes;
- V.- Fondo de contingencia;
- VI.- Inversiones reales;
- VII.- Transferencias de capital;
- VIII.- Operaciones de capital;
- IX.- Activos financieros;
- y X.- Pasivos financieros.
En ella destacan lo que se pueden considerar gastos necesarios, de las operaciones financieras debidas a un aumento de necesidades que exceden o cambian las previsiones económicas del presupuesto. Unas situaciones que permiten todo tipo de malabarismos en el gasto público clientelar (desde las transferencias institucionales a las subvenciones de todo tipo, pasando por las contrataciones o los casos conocidos de malversación directa del dinero público). Todo ello debe ser controlado y vigilado por la Hacienda Pública y los cuerpos del Estado adscritos a las distintas administraciones.
En otros tiempos (concretamente antes de la llegada del PSOE al gobierno en la Transición), ese control era previo al gasto y lo llevaba a cabo el importante cuerpo de Interventores delegados de Hacienda, junto a las oficinas presupuestarias y las asesorías jurídicas del Estado, todas ellas procurando que los criterios constitucionales presidiesen dicho gasto. Pero llegó el “cambio” y con él llegaron nuevas maneras de gestión de lo público que venían a obviar cualquier intento de control interno. Los presupuestos fueron creciendo y adaptándose a la “orientación” clientelar necesaria para ganar el poder y, a ser posible, mantenerse en él.
Los datos históricos reflejan cómo desde el año 2005 (por ejemplo), con un presupuesto de gasto público de 162.379 millones de euros, hemos ido pasando a lo largo de los años siguientes en escala ascendente hasta los 383.543 millones de euros del pasado año 2021 o los 458.969 de 2022 y los actuales para el año 2023 de 485.985, contra unos ingresos previstos de 389.927. Es decir, unos presupuestos con déficit de 96.058 millones de euros (siempre que las previsiones de ingresos sean reales).
¿Qué ha ocurrido para que se hayan disparado los presupuestos del Estado hasta estas cifras? La respuesta más fácil estaría en el aumento demográfico que se ha producido durante estos últimos años y su distribución territorial; otra sería la compleja y cara organización autonómica del Estado, donde lo que debía haber sido simple delegación de gestión, se convirtió en una cesión de competencias sin que se alteraran en justa correspondencia las estructuras institucionales centrales. España se convertía en un conjunto de “estados” regionales con su propia legislación, su propia administración y hasta sus propias fuerzas de seguridad en algunos casos. Las administraciones públicas autonómicas multiplicaban sus efectivos y se convertían a su vez en nuevos árboles de cuya fronda cuelgan “panales de rica miel”. No hace falta poner ejemplos.
Mientras tanto, la riqueza de recursos de la nación queda hipotecada por unos tratados que nadie conoce, por unos compromisos que nadie ha suscrito y por unas condiciones sujetas a intereses de otros. Nuestra deuda pública (que nos afecta a todos) sigue creciendo imparable en sentido opuesto al crecimiento social y económico previsible por el aumento de población y nuestra economía produce cada vez más desempleo, menos trabajo productivo real, más deuda nacional y menos rendimientos. Todo esto se basa en los presupuestos que cada año nuestros representantes políticos partidarios aprueban y autorizan, sin que -al parecer- ello nos importe demasiado.
En el año 1903 Amílcare Puviani profesor de Hacienda Pública en la Universidad de Perugia (Italia), se refería en su obra “La teoría de la ilusión financiera” al comportamiento ilusorio de los estados modernos en la actividad tributaria: “una representación ideológica de intereses de la clase gobernante. El problema fundamental es encontrar las razones en virtud de las cuales las grandes masas humanas son inducidas a pagar grandes sumas impositivas y a someterse a enormes sacrificios… Se trata de buscar los verdaderos móviles psicológicos de los impuestos y las condiciones objetivas que los determinan”.
Por su parte el profesor Rodríguez Bereijo ex presidente del Tribunal Constitucional dice: “Se trata de indagar en dos cosas: a) qué es lo que impulsa a los contribuyentes a aceptar como un bien o como un mal menor, una imposición opresiva y expoliadora; b) en qué momentos es el interés concreto y particular de la clase dominante, lo que constituye el fundamento y la causa de los sacrificios tributarios soportados por el pueblo”.
