La creencia de que, a mayor potencia de los robots, mayor peligro para los empleos de carácter repetitivo, es algo evidenciado no solo en la era digital, sino desde que el maquinismo hizo su aparición al final de la primera Revolución Industrial, coincidiendo con la introducción masiva de maquinaria para sustituir o reducir el trabajo. Consecuencia de este trascendental cambio nació el ludismo, movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestaron contra las nuevas máquinas que destruían el empleo, en referencia a los telares industriales que amenazaban con reemplazar a los artesanos por trabajadoras menos cualificadas, que además cobraban salarios inferiores.
Inmersos en la Industria 4.0, la robotización y la automatización en general, se abre la posibilidad de eliminar cientos de miles de errores humanos que cuestan vidas. Sí el coche autónomo e incluso con conductor estuvieran dotados de sistemas de conducción avanzados, y se contase con calzadas y carreteras inteligentes, se podría reducir notablemente las numerosas muertes anuales producidas por accidentes de tráfico. El simple hecho de pararnos a pensar en este dato, es de importancia capital para no demonizar la automatización.
Hay que promover un amplio debate pues hasta la fecha solo hemos conocido tibios planteamientos sobre el papel que debe desempeñar la robotización en lo relativo a las relaciones laborales, al cambio de modelo de trabajo y evidentemente cual debería ser su contribución al estado del bienestar y en especial cómo debe y puede ayudar la robotización, a cubrir las necesidades de los ciudadanos durante su periodo de jubilación o de enfermedad, donde están demostrando ser de gran utilidad. Es urgente e imprescindible involucrar a la sociedad civil en el mencionado debate, con el fin de evitar un grave desencuentro social, derivado en gran parte por la desinformación y alentado por populismos interesados en fomentar la confusión.
La robotización va a hacer cambiar la política fiscal de manera irremediable. Los gobiernos necesitan más recursos para financiar sus programas de bienestar social, en especial durante un periodo de transitoriedad en el que puede verse menguado el mercado tradicional de trabajo disponible. Sería necesario encontrar la forma en la que los robots y en general los sistemas de automatización, contribuyan a esta empresa de una u otra forma. Paralelamente, se antoja necesario reclamar una creatividad impositiva, capaz de desarrollar nuevos modelos que generen recursos suficientes.
Es evidente que hasta la fecha se han venido incentivando por los estados diversos planes de automatización, pero también es cierto que poco a poco se va dejando de bonificar la implantación de robots, una vez que estos han adquirido una presencia notable. El gobierno de Moon Jae-In en Corea del Sur como consecuencia de la revisión de su ley tributaria, anunció reducir las deducciones que se aplicaban a las empresas por la incorporación de esta tecnología, si bien las estuvieron incentivando con el fin de aumentar la productividad. Una vez finalizada esta política de incentivos, estos engrosaron un «fondo o hucha» en favor del desarrollo del estado del bienestar.
Todo lo anteriormente expuesto, conlleva plantearnos si los robots deben cotizar a la Seguridad Social, con una aportación equiparable a la que se viene haciendo con trabajadores y empresarios.
Pero para que todo tenga base de aplicación, previamente se debería definir que es un robot. Una resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, trasladaba un conjunto de recomendaciones a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil relativas a robótica. En un párrafo sobre posibles soluciones jurídicas, se hacía referencia a la «personalidad electrónica» referidaa un robot dotado con inteligencia artificial. Ashley Morgan, del estudio Osborne Clarke, decía: «Si yo creo un robot, y ese robot crea algo que podría ser patentado, ¿debo poseer yo esa patente o debería ser del robot?». Más de dos centenares de expertos de catorce países europeos dirigieron una carta abierta al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al resto de dirigentes de la Unión Europea con responsabilidad en esta materia, para manifestar su rechazo a la «personalidad electrónica»que la directiva sobre robótica e inteligencia artificial pretende otorgar.
El mismo grupo de expertos, considera que un estatuto robótico no puede derivar del modelo de persona física porque entonces «el robot tendría derechos humanos, como el derecho a la dignidad, el derecho a su integridad, el derecho a la remuneración o el derecho a la ciudadanía, enfrentándose así directamente a los Derechos Humanos», lo cual entraría en contradicción con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Dicho de otra manera, si las personas físicas y jurídicas pagan impuestos, parece un contrasentido que algo que se intenta asimilar a un estatus similar, no lo haga.
En el libro “El empleo en la era digital. Cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19” escrito por miembros de la asociación Cibercotizante, un colectivo que estudia y analiza el impacto de la robotización en el empleo constituido por un grupo de expertos del mundo del derecho y las relaciones laborales, de la Seguridad Social, ingenieros, economistas, profesionales TIC, o inversores, han plasmado sus reflexiones sobre la digitalización y explícitamente en uno de sus capítulos, se recogen diez posibles escenarios de cotización de los robots.
Entre los escenarios recogidos en el mencionado libro, se encuentra la propuesta de Bill Gates cuando hablaba de una relación directa de la cotización de un trabajador con respecto a los robots, donde se aplicaría de manera directa el mismo impuesto o aportación social que hacía un trabajador por su retribución, cuando este fuera reemplazado por una máquina. Lawrence Summers exsecretario de estado de Hacienda USA calificó la propuesta de profundamente equivocada alegando que un impuesto alto a los robots evitaría que se produjera una modernización industrial. Igualmente, la Federación Internacional de Robótica (IFR) se posicionó en contra de la aplicación del impuesto afirmando que «la aplicación del impuesto socavaría la competencia y la innovación tecnológica en dicho sector de la robótica».
Otros de los escenarios posibles vendrían por aplicar una renta ficticia al robot a partir del trabajo que sustituye, pero vinculada a la nueva productividad, o bien establecer un impuesto en el momento de la adquisición del robot, o gravar la producción del robot con un nuevo impuesto de sociedades. También podía estudiarse a partir del pago de impuestos al aumentar los costes laborales, algo que vendría marcado por la relación beneficio/trabajo. Los creadores de puestos de trabajo derivados de la automatización serian recompensados y aquel que no cree empleo, pagará una tasa más alta. Tampoco olvidemos como posible escenario instaurar un impuesto finalista, similar a los existentes en automoción, tasa turística, o la ecotasa. También a la posible cotización se ha referido el premio Nobel de Economía 2006 Edmund Phelps, que propone aplicar un «impuesto moderado», del mismo modo que ya están instaurados el de la renta o el de sociedades.
Paralelamente, deberá tenerse en cuenta que los trabajadores reemplazados en su labor por robots no pueden quedar marginados en ningún caso del nuevo mercado de trabajo que impone la economía digital, para convertirse en víctimas de dicho proceso. Los derechos colectivos deben potenciarse tanto en el trabajo presencial, como en las formas de trabajo a distancia o en remoto que se están generalizando con la aplicación de nuevas tecnologías y acelerados en su implementación por el COVID-19.
Agentes sociales, dirigentes políticos e instituciones, deben alcanzar un amplio consenso sobre el empleo y las relaciones laborales en la economía digital, para llegar a suscribir un acuerdo elevando sus conclusiones hacia la firma de un gran Pacto por el Empleo Digital a nivel estatal, involucrando posteriormente a los órganos competentes de la UE, con el fin de establecer las normas de actuación que comprometan el futuro. En este debate debe participar activamente la academia universitaria y los agentes de la investigación científica.
Este planteamiento es una llamada implícita a la propia sociedad civil para que urgentemente aborde sin mayor dilación este tema. Todas las predicciones de analistas de reconocido prestigio e instituciones solventes coinciden en la importancia de abordar el asunto y abogan por la inmediatez de su aplicación en esta década 2020-2030. No hay tiempo que perder.
Partimos de un artificio: el llamado «estado de bienestar» y su financiación. Hace unos días, en una revisión de mi caldera de calefacción con casi cuarenta años de servicio, el técnico que intervino (más o menos 34/35 años) me dijo: «ha tenido usted suerte, porque estas calderas antiguas, no se rompen nunca como les pasa a las actuales». Luego mirando a su alrededor vio una lavadora de marca desconocida con otros tantos años a sus espaldas que tampoco ha necesitado reparación nunca y un frigorífico con unos 80 años de servicio que permanece activo y en reserva para cuando el más moderno, empiece a dar problemas (lo que ya ha ocurrido). Luego vio una bombilla eléctrica de la misma edad del frigorífico y 150 W que lucía sin problemas…… El técnico se quedó pensando y me dijo: «Sabe usted, yo pienso muchas veces que antes se vivía mejor….» Un saludo.