El mundo miró hace apenas dos semanas hacia la isla de Tonga, en el Océano Pacífico, donde el estallido virulento de un volcán submarino, el Hunga Tonga, provocó un tsunami de grandes dimensiones que causó tres fallecidos y estragos en este pequeño Archipiélago, que habitan poco más de 100.000 personas y se compone de 169 islas, la mayor parte de ellas despobladas. El violento estallido del volcán provocó un tsunami de características tan especiales que nunca antes otro similar había sido detectado con instrumentos modernos.
Según la National Oceanic and Atmospheric Administration (la NOAA, perteneciente al Gobierno federal de los Estados Unidos y encargada de la vigilancia de posibles tsunamis en Estados Unidos) solo el 5% de los tsunamis son provocados por la actividad volcánica. El de Tonga fue masivo, un fenómeno extraordinario, dado que los científicos creen que la última vez que un volcán provocó un tsunami tan grande fue la erupción del Krakatoa en 1883. Sin embargo, no pueden estar seguros porque no existía la tecnología necesaria para observar las aguas oceánicas en tiempo real en todo el mundo, incluidas las alertas de tsunami.
La reciente erupción de Tonga fue el primer acontecimiento de este tipo que los científicos pudieron seguir a tiempo real y con detalle a medida que se desarrollaba, gracias a que los Estados Unidos disponen de instrumentos de medición y estaciones de control de oleaje precisamente dispuestas para alertar a la población en caso de un tsunami. Y fue, a todas luces, un fenómeno realmente extraordinario: la erupción creó un cambio en la presión del aire por encima del agua, dando lugar a un meteotsunami, donde una ola oceánica y una ola atmosférica viajan a velocidades similares, acumulando energía juntas mientras corren hacia la tierra. Esto fue lo que llegó a enviar olas hasta las costas del este de Estados Unidos o el Caribe, y que incluso pudo ser medida en el Mediterráneo.
Grandes olas pudieron sentirse en toda la costa de América Latina, desde Perú a México o Chile, e incluso hasta en Alaska. En el Perú, lamentablemente, el oleaje se cobró la vida de dos personas que viajaban en una furgoneta por una carretera pegada a la costa.
Y esas muertes, según lamentó la primera ministra del país, Mirtha Vásquez, se podrían haber evitado si la Marina del país, encargada de la vigilancia de estos fenómenos, hubiese alertado antes. Lo único que hizo fue lanzar de forma tardía un mensaje de “oleaje anómalo” por la tarde, cuando desde por la mañana los medios del país advertían de la posible llegada de un tsunami. En declaraciones a Europa Press publicadas por El País, la primera ministra expuso que “queremos revisar por qué esta alerta no se difundió a tiempo, y revisar —puede ser que haya una razón técnica— por qué en Chile y en Ecuador sí hubo alerta de tsunami, y en Perú no”.
Este hecho y esta noticia me trasladaron once años atrás, a mi etapa de Diputado en el Congreso, donde redacté, presenté y fue aprobada una proposición no de ley que instaba al Gobierno de España a crear un sistema de alerta temprana para la prevención de tsunamis. Visto en la distancia, y esto es algo que me preocupa, resulta que soy el único diputado en todo el periodo democrático que ha llevado una iniciativa así al Congreso.
En esa iniciativa yo dejaba claro que, aunque la peligrosidad de tsunamis en nuestro país es estadísticamente inferior a otras zonas del mundo, sí que es razonablemente posible que puedan ocurrir estos fenómenos, habida cuenta de las características sismotectónicas y geográficas del área donde se encuadra tanto la España peninsular como la insular mediterránea y Atlántica.
En nuestro país hay precedentes históricos de tsunamis, como uno en Cádiz y Huelva en 1755 tras el terremoto de Lisboa (que también afectó a las costas marroquíes) o, aunque de menos impacto, el que se vivió en 2003, en las Islas Baleares, causado por un terremoto en Argelia.
La previsión nunca puede ser mala. Es cierto que hay baja probabilidad de tsunamis en nuestro país, pero el alto grado de desarrollo que han alcanzado en todo el territorio nacional nuestras zonas costeras supone siempre un incremento del riesgo. Y esto es algo cuasi exactamente igual a lo que sucede en Canarias con el riesgo volcánico, que es que el desarrollo y consecuente extensión de las zonas pobladas en cualquier punto de nuestro Archipiélago hacen cada vez más probable (lo hemos visto en La Palma) que un nuevo volcán afecte a zonas pobladas. Con un tsunami, pasaría lo mismo: a más desarrollo, más impacto y daño.
El mortífero tsunami de Indonesia de diciembre de 2004 llegó hasta América e incluso la costa oriental africana (desde Somalia a Sudáfrica, pasando por Madagascar), activando en todo el mundo la conciencia de lo importante que es disponer de un sistema de control y alerta temprana ante estos fenómenos.
En nuestro país disponemos de sistemas de medición, y por ejemplo, Puertos del Estado realiza mediciones del nivel del mar mediante observaciones de mareógrafos en tiempo real, pero tanto en 2011 (que es lo que defendí en el Congreso) como hoy, 11 años después, falta coordinación entre todas las instituciones estatales, autonómicas, universitarias o de investigación que realizan mediciones. La consecuencia: no disponemos de un sistema de alerta temprana que nos pueda permitir alertar a la población de la llegada de un tsunami.
En el Congreso la iniciativa fue aprobada por unanimidad, en un tema en que las intervenciones de los diputados que explicaban el sentido del voto de cada grupo fueron similares: podría tratarse de un tema que es casi imposible que nos preocupe, pero nunca puede ser malo prevenir.
Así, tras la aprobación de esta moción, el 10 de mayo de 2011, el Boletín Oficial de las Cortes Generales lo dejaba escrito, negro sobre blanco: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Administración General del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades locales que puedan verse afectadas, realice los estudios y previsiones que permitan disponer, en el plazo lo más breve posible, de un sistema de alerta de tsunamis, pudiendo establecer para ello los acuerdos que resulten necesarios con otros países de nuestro entorno geográfico”.
Hoy, once años más tarde, la situación sigue exactamente igual y lamento decir que mi iniciativa no consiguió pasar de una advertencia y una llamada de atención.
Pese a disponer de tecnología y expertos de gran prestigio en este campo, en España no se ha avanzado un milímetro y no disponemos de un ente que coordine una posible alerta temprana en caso de tsunami.
Mientras, en el mundo, el cambio climático ha implicado un claro y directo aumento del riesgo de que se produzca un tsunami. No lo digo yo, lo dicen las propias Naciones Unidas: fenómenos como el deshielo y el consecuente incremento del nivel del mar, junto a la proliferación de fenómenos climáticos virulentos (ciclones, huracanes, tormentas tropicales), han incrementado la posibilidad de que estos fenómenos se produzcan y que hagan más daño, si cabe, cuando ocurran.
Incluso en todos los escritos que instituciones realizan sobre la Seguridad Nacional, se analizan los riesgos que supondrían para nuestro país la llegada de fenómenos como terremotos y tsunamis. Un sistema de alerta temprana no solo sería necesario para España, sino también para toda la costa de África occidental, puesto que el riesgo es compartido y nos compete compartir la responsabilidad y el conocimiento con nuestro vecindario.
Como canario, habitante de unas islas que surgen en una falla plagada de volcanes y marcada por la actividad sísmica, me preocupa especialmente este tema. Solo espero que nunca llegue el día en que nos lamentemos de que España no estuvo preparada para la llegada de un tsunami.
FOTO: Axel Antas-Bergkvist
