Cuando todavía no se han establecido responsabilidades políticas (o de otro tipo) en relación a la catástrofe causada por la última “gota fría” en la Comunidad de Valencia y parte de la de Castilla-La Mancha, gran parte de las consecuencias persisten en diversas zonas urbanas o rurales mientras se anuncia un plan de restauración a cuyo frente figura un general del ejército, designado vicepresidente del gobierno autonómico.
Los trabajos necesarios para la recuperación integral llevarán mucho tiempo y, por ello, conviene planificarlos en orden a su urgencia, importancia y necesidades más o menos inmediatas, lo que requiere de entrada un ejercicio de planificación con la cualificación y cuantificación de daños reales, la evaluación de medios y recursos necesarios para afrontarlos, los daños colaterales e impacto ambiental de los trabajos, aprovechando y rentabilizando al máximo tales recursos.
Como daño de extrema gravedad hay que señalar -como es lógico- la pérdida de vidas humanas o la desaparición de personas aún no localizadas. En el primer caso no hay más reparación posible que la actuación de la Justicia para establecer responsabilidades, negligencias e incluso posibles delitos. En el segundo, seguir buscando, rastreando y localizando a los desaparecidos.
A continuación, hay que situar la limpieza y eliminación total de elementos y objetos arrastrados por la riada que resulten irrecuperables y sean tratados como siniestros totales a efectos de indemnización a los propietarios, bien con fondos públicos procedentes de los presupuestos/fondos europeos bien por las compañías aseguradoras, teniendo en cuenta su tramitación urgente. A estos efectos habría que realojar provisionalmente y en condiciones dignas, a todos los que han perdido su vivienda en la hostelería de la zona a cargo del Estado prevaleciendo esta cuestión sobre el turismo tradicional.
Simultáneamente hay que establecer un sistema apropiado de acogida y alojamiento para los voluntarios civiles, cuerpos y fuerzas del Estado con la logística adecuada de medios y recursos para los trabajos a realizar, sin que ello produzca problemas de movimientos o interferencia de actividades entre ellos. Una buena planificación de recursos con turnos y horarios para unos y otros evitará colapsos de organización.
En el entorno natural no sólo hay que limpiar restos arrastrados por el agua, sino fijar suelos y establecer infraestructuras para control de las aguas, que permitan una redistribución de corrientes y regadíos, acorde con las necesidades agrícolas. Reforestación adecuada y aprovechamiento del agua. En el entorno urbano adecuar la planificación urbana a la orografía de la zona, evitando las zonas de posible inundación y escorrentía natural. La limpieza de todas las vías de recogida y evacuación subterránea de aguas es primordial para restablecer el funcionamiento de alcantarillado y desagües.
Abrir y liberar las vías de comunicación y transporte de viajeros, mercancías y medios de trabajo, es otra labor crucial para el mantenimiento de actividades, abastecimiento y trabajos de restauración, derivándolos a su destino, incluyendo el servicio marítimo y de costas. En ese transporte resulta primordial el servicio a las personas residentes, así como a los servicios públicos que trabajen en la zona, la alimentación y la reparación de daños.
Para ello, el alto comisionado para estas labores de reconstrucción no debería tener interferencia institucional, sino que iría cumpliendo el plan que supuestamente ya esté establecido, coordinando las diferentes operaciones.
La cobertura presupuestaria de trabajos con sus contrataciones correspondientes debería seguir el orden marcado por las necesidades más urgentes. Para ello debe autorizarse el crédito oportuno en una partida extraordinaria de la propia Comunidad Autónoma, nutrida desde los fondos del Estado, con una contabilidad independiente bajo el control de la Intervención General del Estado y de la Intervención de la Comunidad, garantizando la limpieza de contrataciones y gastos, así como el reparto de subvenciones.
Esto supone la dedicación exclusiva de una buena parte de las AA.PP. autonómicas a la gestión y tramitación de expedientes tanto en lo que concierne a las partes técnicas especializadas que deben hacer la evaluación de daños en todos sus ámbitos, como a las administrativas que deben apoyar las operaciones. Asimismo, deben implicarse los ayuntamientos en la medida que sea posible por su mayor conocimiento de cada municipio.
A estas alturas, parece que todo va muy despacio. Y es lógico en parte, pero eso no debe llevar a la pasividad del ritmo ordinario de las AA.PP., sino que, por el contrario, necesitará de la mejor voluntad de todos para acabar con la pesadilla.
